La administración de Eduardo Bours Castelo buscó métodos indirectos y prohibidos –como la fabricación de acusaciones, detenciones arbitrarias, siembra de supuestas pruebas acusatorias– para cancelar la circulación de la revista Contralínea Sonora, señala Luis Raúl González Pérez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Este caso emblemático muestra que –en lugar de buscar los canales que una democracia tiene y debe ejercer, como el derecho de réplica– se buscaron métodos indirectos y prohibidos por la Convención Americana.”
El 11 de julio pasado, la CNDH emitió la recomendación 26/2007 dirigida al gobernador de Sonora, referente a la detención ilegal ocurrida el 12 de enero de este año en contra de Mauricio Capdevielle y su chofer, Ricardo Ramírez, quienes se encargaban de distribuir la publicación.
En entrevista, González Pérez indica que la actuación de las autoridades sonorenses violó la garantía de seguridad jurídica: “la personalidad de cada quien puede responder a diferentes estímulos y, si fuera por nerviosismo, las cárceles estarían llenas. Es absurdo”.
El defensor enlista las arbitrariedades cometidas en contra de la revista: un operativo en el que parecía que iban a detener a Rambo; la omisión de presentar a los detenidos de inmediato al ministerio público; no se pusieron a disposición todos los objetos del delito; la droga que les sembraron. Agrega que “el objetivo era no distribuir la revista Contralínea Sonora, por eso emitimos la recomendación”.
Una vez aceptada por la administración de Bours Castelo, “el papel de la Comisión es verificar que se cumpla en sus términos. Hay muchas cosas por hacer: cuando se emite una recomendación, el trabajo le compete en un 50 por ciento a la CNDH y el otro 50 por ciento a la difusión que los medios de comunicación le puedan dar, haciendo visible lo que ahí se señala, acusando a quiénes son violadores de derechos humanos y exigiendo que se cumpla en sus términos la recomendación, más allá de que nosotros también lo hacemos”.
–¿Cómo es este proceso?
–El gobierno de Sonora nos tiene que ir acreditando pruebas de cumplimiento y nosotros las vamos evaluando.
–¿En qué consisten esas pruebas?
–Ver en qué terminan los procedimientos administrativos; en qué termina la averiguación previa por el saqueo de las oficinas de la revista Sonset, que era la distribuidora; que se dé la concienciación y capacitación a servidores públicos.
–¿Cuánto tiempo puede tomar?
–No se puede calcular porque es relativo. La determinación de una averiguación previa depende de las evidencias que vayan surgiendo, pero un criterio para nosotros es que debe haber proporcionalidad entre las respuestas y el tiempo: si me dicen que para citar a alguien, que desde el inicio estaba, se tardan meses, pues no hay voluntad. Si no nos satisface el cumplimiento, la Comisión hará público que es un cumplimiento insatisfactorio.
–¿Hay voluntad del gobierno de Sonora?
¿Las primeras evidencias nos darán la pauta para ver realmente hasta dónde van a colaborar. Se giró la instrucción al funcionario de Seguridad Pública para que la droga que aseguran la pongan a disposición de la autoridad que corresponde y no que la mantengan en un escritorio. Vamos a evaluar. Tenemos que ver cómo son los cursos de capacitación, a quiénes están dirigidos, cómo se les da. Sobre todo qué sanciones les van a imponer a quienes incurrieron en esto, porque no debe de ser cualquier sanción. A mí no me toca decir cuál, pero tiene que ser proporcional a lo que se afectó: no es simplemente la detención arbitraria sino los efectos que conllevó y el hecho: no llegó la información a los destinatarios de la revista. Se trata de un bien público: el derecho a la información. Eso es lo que tenemos que evaluar.
Aumentan agresiones
González Pérez señala que “es muy condenable y reprochable la agresión que sufrimos los ciudadanos, pero si se trata de un comunicador tiene efectos triples, ésa es la diferencia”.
Agrega que “para la CNDH y su Programa de Agravios a Periodistas, hay una grave preocupación por el clima por el que está atravesando el ejercicio profesional de los comunicadores. El papel que juegan es sustantivo en cualquier Estado que se precie de ser democrático: no se puede entender una democracia sin una independencia y un respeto al ejercicio periodístico”.
Aunque la libertad de expresión es de todo individuo, dice el defensor de derechos humanos, quienes hacen de esta libertad su ejercicio profesional son precisamente los periodistas, por esta razón son, como alguien les ha denominado, contralores sociales del poder público, son el contrapeso social de la arbitrariedad de los representantes del poder público, pero también son los escrutadores del interés colectivo, son un contrapeso de los poderes fácticos.
“En México, por desgracia, es una actividad que consideramos de riesgo. Son vulnerables por la incomprensión y el rechazo a ejercer las vías democráticas frente a una investigación periodística que podría incomodar o disgustar. En vez de utilizar los canales democráticos se van por vías sencillas, por ejemplo la intimidación.”
González Pérez acusa que “a través de la violencia se quiere silenciar la libertad de expresión. La existencia de este Programa se debe a que, tanto los periodistas como los defensores civiles –ciudadanos valientes que como actividad deciden defender los derechos humanos de la sociedad mexicana–, en ciertas condiciones y al abordar ciertos temas, se vuelven grupos vulnerables”.
Al hacer un recuento, el titular del Programa, indica que “lamentablemente las cifras indican este incremento en las agresiones. En 2004, registramos 43 agresiones; en 2005, 72; en 2006, 74. Hoy, a esta fecha, llevamos 59. Las cifras nos muestran el crecimiento de estas agresiones”.
“Basta una sola agresión a un comunicador para alzar la voz, condenarla y exigir su resarcimiento, porque los efectos son geométricos. La agresión la resiente quien la sufre, pero hay otros afectados: el mensaje que se manda es de intimidación a todos los que se atrevan a publicar lo que motivó esa agresión, entonces los efectos se multiplican.”
Advierte que se afecta también la doble función de la libertad de expresión y esto lo resiente la sociedad. Cuando la agresión logra su cometido, que es silenciar la libertad de expresión, la sociedad se priva de recibir información, dice.
Para González Pérez, el amplio margen de impunidad propicia más agresiones. “El año pasado se registraron 10 homicidios. Este año llevamos la muerte de tres periodistas. Recordemos el caso de Saúl Martínez, a quien levantan en Sonora, le dan muerte y lo tiran en Chihuahua. Está el caso de Amado Ramírez en Guerrero. Recientemente tenemos al periodista victimado en Sinaloa que era vocero de las autoridades locales. Por desgracia, van tres desaparecidos este año”.
Explica que “en los estados o se copta a los ministerios públicos o hay una verdadera incapacidad para resolver los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos”. Por ello –dice– “en el caso de periodistas se está impulsando la federalización de los delitos. Pero que se haga siempre y cuando se fortalezca la Fiscalía para Periodistas (dependiente de la Procuraduría General de la República) y el ministerio público federal sea autónomo”.
El hecho, detalla González Pérez, es que en los estados no hay capacidad de investigación. El fundamento jurídico para federalizar debe ser el interés público que representa la libertad de prensa, basado en que si la libertad e independencia de la prensa es uno de los indicadores para medir el avance de un Estado democrático, si se afecta ésta, entonces, se está afectando el pilar democrático, en esa medida trasciende el interés local para irse a un interés nacional.
Publicado: Noviembre 2007 Año 1 Número 9
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